El expediente para privatizar la ayuda a domicilio lo inició el PSOE en el anterior mandato
El 15 de abril el equipo de gobierno socialista firmó la providencia por la que se iniciaron los trámites para contratar una empresa externa
El futuro de la gestión directa de la ayuda a domicilio está siendo objeto de debate estas semanas, tras la decisión acordada en Pleno de dejar el expediente en suspenso hasta que se pronuncien los servicios técnicos de la Diputación. Aunque era sabido por los partidos políticos en la anterior legislatura y por las propias trabajadoras que el contrato sólo se podía mantener tres años, ahora, cuando quedan 6 meses para que concluya el plazo se ha producido un intenso debate en el que cada partido político ha tomado una postura.
Pero la historia se remonta a enero de 2017, cuando el Ayuntamiento rescató el servicio por un período de tres años improrrogable a través de la contratación del personal funcionario por programas. Según explicó en ese momento el entonces concejal de servicios sociales de IU Ganemos Para la Gente, Juan Francisco Arenas, “sobre la base de un programa se nombraron funcionarios interinos conociendo en todo momento que era por un tiempo limitado el que la legislación permitía utilizar esta fórmula de gestión directa del servicio”. Desde ese momento se sabía que no se podría prorrogar por más tiempo y que las auxiliares de ayuda a domicilio estarían contratadas por un máximo de tres años. La única posibilidad de ampliar la gestión directa pasaba porque se produjese una modificación de la legislación que se aplica a la administración local. Dicho cambio normativo no se ha producido.
Ante esta situación, el anterior equipo de gobierno formado por los cinco concejales del PSOE aprobó iniciar el expediente para privatizar el servicio durante cinco años el pasado 15 de abril con la firma de la alcaldesa, Concepción Ramírez, del a memoria justificativa de la contratación del servicio de ayuda a domicilio y la firma del concejal de contratación, Diego Valero, de la providencia que iniciaba el procedimiento de adjudicación del contrato por procedimiento abierto , tramitación ordinaria y varios criterios de adjudicación.
Pese a que una vez iniciado el expediente debía haberse desarrollado, llegaron las elecciones y se paralizó el procedimiento hasta que se conformó el nuevo equipo de gobierno y se iniciaron las reuniones en la Junta de Portavoces para afrontar este problema. En la sesión plenaria del pasado 31 de julio el gobierno local (PP-Ciudadanos) llevó a Pleno un punto de acuerdo para continuar con el expediente iniciado por el anterior gobierno socialista. Ante el desacuerdo de los grupos se optó por dejar el expediente encima de la mesa y solicitar una reunión con la Diputación provincial que es la competente en materia de servicios sociales en Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Una vez realizada esa consulta, el pasado 5 de agosto, el alcalde, Salustiano Ureña, ha pedido a los grupos políticos que expresen las alternativas que proponen y para las que piden un informe de los servicios técnicos de la Diputación para poder tomar una decisión cuanto antes, ya que el servicio que se presta actualmente concluye el 1 de enero de 2020 y si no se acuerda una alternativa los usuarios se quedarían sin servicio. El alcalde, Salustiano Ureña considera “imprescindible llegar a un consenso y para ello estamos haciendo todos los esfuerzos sin olvidar se debe garantizar a los usuarios que van a seguir recibiendo esta ayuda”.
Tanto el PSOE como IU para la gente y Vox han presentado varias alternativas para que se pronuncien los servicios técnicos de Diputación. El PSOE apunta la posibilidad de que se preste el servicio a través de la contratación de las auxiliares por la empresa pública EMUSUR, alternativa que también propone IU y Vox. El PSOE pregunta si teniendo en cuenta que el presupuesto estatal está prorrogado y la tasa de reposición de efectivos para Servicios Sociales es del 100 por 100, si se podrían reconvertir las plazas interinas por vacantes, produciéndose dicha reconversión antes del 31 de diciembre. IU también plantea que se amplíe a doce meses más la ejecución del programa si no hay legislación en contra. Vox solicita que se informe sobre todas las alternativas que hay para mantener la contratación y continuidad de las trabajadoras de ayuda a domicilio.
A la espera de los informes de Diputación, los servicios técnicos del Ayuntamiento recuerdan que la normativa vigente no permite a los Ayuntamientos aumentar la plantilla, ni a sus empresas públicas incrementar la masa salarial.
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