Julio Bernardo recurrirá ante el Tribunal Supremo
Señala que la suya es una "condena política injusta" y confía en que el TS le dé la razón
“Asombrado, indignado, pero tranquilo”. Así se manifiesta Julio Bernardo (IU), exvicepresidente de la Diputación Provincial y exconcejal de Albolote tras conocerse la sentencia que le condena a nueve años, tres meses y un día de inhabilitación especial para empleo o cargo público “por un delito continuado de prevaricación en el llamado 'caso Mercamed' debido a irregularidades en las contrataciones realizadas para la feria empresarial celebrada en 2011 en Tetuán con financiación europea”. En la sentencia, la Sección Primera de la Audiencia absuelve, sin embargo, a las once personas, -entre asesores, técnicos de la institución provincial y representantes de empresas-- que se sentaron junto a Julio Bernardo en el banquillo de los acusados el pasado abril.
“Me alegro de que todo el mundo quede exculpado y absuelto”. “Al final solo se ha condenado al político, lo que no deja de ser asombroso y deja muy a las claras que es una sentencia con la que la Justicia busca salir airosa después de un proceso que ha levantado mucha polvareda y en el que se ha demostrado que no había nada”, ha indicado Bernardo, quien se siente como un “cabeza de turco” y manifiesta que la suya es “una condena política”.
En sus declaraciones a Albolote Información el exedil de IU ha confirmado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo (TS) “porque consideramos que es injusta y me condena por unos hechos que considero que no he cometido y aún menos por prevaricación continuada”. En este sentido, Bernardo explica que “toda la acusación de la Fiscalía se basa en un documento en francés que lleva su firma “y que ni siquiera se han molestado en traducir”, al tiempo que ha lamentado el desarrollo del proceso de instrucción del caso “en el que han participado tres jueces distintos y en el que ni siquiera intervino la Fiscalía”.
En su lectura de la sentencia Bernardo valora que ésta le absuelve de cualquier imputación económica y “demuestra que no se ha hecho un mal uso de los fondos públicos y que nadie se ha llevado nada”.
“Estoy indignado pero tranquilo y confiado en que el TS nos dé la razón, no puede ser de otra forma, porque incluso la propia sala así lo indica en su sentencia”, concluye Bernardo, quien dice sentirse “apoyado y arropado” por su partido
Sentencia
En la sentencia el tribunal considera probado que para realizar la Feria Mercamed, que se celebró del 26 al 28 de mayo de 2011 en la localidad marroquí de Tetuán, "se fraccionó en contratos menores" y "sin expediente alguno" todo lo referido al evento, como el transporte del material, la seguridad o el montaje, con el objetivo de "evitar los controles y los trámites" legales.
A ello se suma que ninguna de las empresas a las que se adjudicó servicios para la feria "realizó prestación alguna para la Diputación de Granada, pese a lo cual presentaron sus correspondientes facturas para cobrar el importe de lo contratado; facturas a las que se les dio el visto bueno por los técnicos de la Diputación y por --el entonces-- vicepresidente de la Diputación".
Mantiene la Audiencia que Julio Bernardo dio luz verde a las facturas "pese a conocer" que las empresas no habían realizado trabajo alguno, puesto que él fue la persona que autorizó la firma de un contrato con la empresa marroquí Juridicus Maroc para que se hiciera cargo del evento, después de que surgieran problemas en el Puerto de Tánger para que el material pudiera pasar la frontera.
Julio Bernardo sostuvo durante el juicio que la única intención fue "posibilitar la celebración de la feria" ante la situación sobrevenida de que el material fuera retenido en el Puerto de Tánger, y que esto "evitó graves perjuicios a la Diputación, como la pérdida de las subvenciones de la Unión Europea"
Julio Bernardo, que es funcionario de correos, se enfrentaba a una petición fiscal de ocho años y cinco meses de prisión y 17 años de inhabilitación, que la Audiencia ha rebajado a nueve años, tres meses y un día de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
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