IU asegura que se está produciendo una degradación de los servicios públicos
La coalición de izquierdas considera especialmente preocupante la sanidad pública
En una nota de prensa, IU asegura que “en los últimos años hemos ido viendo como se está produciendo una importante degradación de los servicios públicos que deben de ser garantizados por las diferentes administraciones. El caso de la sanidad pública es sangrante, pudiendo comprobar como aprovechando la pandemia se ha producido un cerrojazo en la atención primaria, lo que dificulta sobre manera la presencialidad, imponiéndose un sistema de carácter telefónico o telemático, que lleva a la pérdida de la imprescindible relación entre los profesionales sanitarios y las personas que necesitan de dichos servicios. Mientras se recupera la presencialidad en todos los ámbitos de la vida cotidiana, con sectores que no han dejado de mantenerla como la Educación, encontramos que la Sanidad Pública sigue “cerrada” a cal y canto, mientras las empresas sanitarias privadas sí la están realizando. Así, según los datos que se nos ofrecen en multitud de medios de comunicación, las contrataciones de servicios privados suben de manera exponencial, cuestión favorecida por el gobierno andaluz del PP y Ciudadanos. En Albolote somos testigos de esta situación, habiéndose producido concentraciones frente al centro de salud ante la degradación de los servicios sanitarios en la que nos encontramos”.
En cuanto a la educación pública, IU asegura que “contará este año con 2.700 docentes menos, según informa la diputada Ana Naranjo, del grupo parlamentario de Unidas Podemos. Y en Albolote sabemos bien de qué va esto, ya que este año sumamos dos nuevas aulas prefabricadas en el instituto, donde las ratios están en los rangos máximos permitidos por la ley y no se pueden garantizar muchas de las medidas mínimas de seguridad, como es el propio distanciamiento. Sin embargo, el consejero de Ciudadanos anunciaba más de 35 millones de euros de inversión en refuerzos docentes para la red privada-concertada. Por no decir la reducción de recursos para la atención a la diversidad”.
Otro ejemplo sangrante que tenemos sobre la mesa es el sector energético, “siendo el ejemplo más claro las subidas con record’s históricos del precio de la electricidad, lo que perjudica fundamentalmente a las familias junto a las pequeñas y medianas empresas. Un sector que había sido gestionado desde lo público de manera eficiente. Hoy el Gobierno tiene escasos instrumentos para intervenir ante la desregulación producida, y a pesar de las medidas paliativas como la reducción de más de 1,500 millones de euros en impuestos relacionados con la “factura de la luz”, la medida no ha tenido un impacto suficiente, llegando a triplicar el precio en menos de un año. Las propuestas de mayor control, de recuperación de infraestructuras hidráulicas productoras de energía eléctrica, de creación de una empresa pública… todo esto choca con las políticas neoliberales que defienden el interés privado por encima del público, y cuando hasta la Conferencia Episcopal hace llamamientos a entrar en razón ante una situación que perjudica a las capas sociales más humildes, la UE se escuda en las políticas de defensa de la competitividad para no cambiar nada, en un mercado oligopólico que realmente no es nada competitivo y donde se pactan precios con el objetivo de incrementar las cuentas de resultados de las grandes empresas. Mientras tanto, seguimos sufriendo en nuestro pueblo cortes del suministro debido a la falta de inversión en el mantenimiento y desarrollo de las infraestructuras”.
“¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando esto? Una pregunta fundamental, porque los gobiernos los elige el pueblo y es imprescindible que pongamos en los mismos a las personas adecuadas que defiendan los intereses de la mayoría social frente los mercaderes que sólo tienen en cuenta sus pingües beneficios”, concluye la nota.
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